Tras el encuentro la portavoz de la misma y concejal de Playa, Melani Romero, declaró a AlmonteAlDia.com que en Matalascañas solo dos establecimientos que están fuera de la zona urbana son los que presentan dificultades para adaptarse a la nueva normativa. En este sentido, destacó que el resto de chiringuitos se encuentran en proceso de reforma y resaltó que este trabajo se ha iniciado con bastante previsión (la citada comisión se conformó en el mes de septiembre).

 

Según Romero solo queda por definir cuáles van a ser las ubicaciones de algunos de los establecimientos, ya que la distribución hay que cambiarla en algunos casos para que se adapten a las distancias mínimas establecidas entre unos y otros. Sobre los otros dos aspectos, la reducción a 175 metros cuadros y la obligatoriedad de que estén elevados sobre la arena y adosados al paseo, la concejal aseguró que los establecimientos de Matalascañas no presentan ningún problema.

 

Todo este proceso se ha iniciado tras mostrarse el Ministerio de Medio Ambiente inflexible en su pretensión de que los algo más de 800 chiringuitos playeros de Andalucía, que ahora están en contacto con la arena, se trasladen a los paseos marítimos en aplicación de la Ley de Costas de 1988. En Matalascañas la medida afecta a x establecimientos situados en los más de 4 kilómetros de costa de la urbanización.

 

Los empresarios de estos establecimientos rechazan la medida y temen que el sector, que da trabajo a 40.000 personas, desaparezca. Por ello, reclaman a la Junta que agilice la asunción de competencias en esta materia y que la gestión pase de Medio Ambiente a Turismo.

 

Costas limita la superficie de estos espacios a 150 metros cuadrados, considera que han de ubicarse en el paseo marítimo, en vez de en la arena, y fija que haya una distancia entre establecimientos de 200 metros lineales.

 

El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, lamentó que el Ministerio «niegue la mayor y diga que hay que cumplir la Ley. Estamos de acuerdo, pero ellos interpretan la Ley de una manera parcial. Si un artículo tiene cuatro apartados, aplican el que les interesa y no tienen en cuenta las excepciones».

 

Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz aprobó la semana pasada, por unanimidad, una proposición no de ley del PP, impulsada por el diputado Antonio Garrido, para que la Junta inste al Gobierno central a que mantenga los chiringuitos en las playas, iniciativa que en estos momentos puede caer en saco roto después de la actitud mantenida por el secretario general del Mar.

 

Al respecto, Garrido manifestó que existe una contradicción evidente entre lo declarado por el representante de la Administración del Estado y la voluntad del Parlamento andaluz. «Nosotros -dijo- queremos que se cumpla la Ley, pero no que se aplique con efecto retroactivo y lleve a la reina a miles de personas».